viernes, 19 de enero de 2018

La dictadura, el secreto y la razón de Estado

Puigdemont es el legítimo presidente de la Generalitat y, cuando, tras la ronda de consultas con los grupos, el presidente del Parlament legalmente constituido proponga un candidato, será el exiliado en Bruselas. Desde el punto de vista de los indepes se trata de una reposición, ya que el hoy candidato a la investidura no ha dejado nunca de ser el presidente legítimo. Desde el del B155 es una investidura nueva porque Puigdemont hoy es el expresidente de la Generalitat. El asunto es interesante, pero ocioso porque el gobierno pretende, según dice, impedir la investidura de Puigdemont por el método que sea. No va por el cargo; va por el hombre; por el hombre como símbolo de un pueblo. Es una cacería.

Para no aburrir con los sobrados títulos a la investidura de Puigdemont remito al lector a un espléndido artículo de Antoni Bassas que explica ese asunto y otros de este jaez maravillosamente.

Así, ¿qué razones aduce el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont? Decía El País el otro día que el MHP "desafía la ley". Pero eso es falso porque no hay ninguna ley que prohíba a Puigdemont ser investido telemáticamente. Ya vimos que el diario llama "ley" al capricho personal de M. Rajoy a través de su interpretación del artículo 155. En España la ley es la voluntad omnímoda de M. Rajoy que se jacta de destituir gobiernos democráticamente elegidos (sic) y de cerrar parlamentos como prueba de la solidez del Estado de derecho español, una democracia fuerte, capaz de defenderse como se demuestra encarcelando primero a unos políticos pacíficos y buscando luego el modo de achacarles algún delito.

Eso es el esperpento y no la investidura telemática de Puigdemont.

La voluntad de M. Rajoy es la ley en España. Añade el susodicho dos atributos de esa ley/voluntad para que se vea su fidelidad a la doctrina de la voluntad/ley: a) es igual para todos; b) hay que cumplirla. Ambas falsas. El propio M. Rajoy y su ministra de Defensa, más conocida como anticipollino, enviaron un contingente militar a Letonia saltándose la ley que obliga a una autorización previa del Congreso. Y no es la primera vez. Está claro: no todos tienen que cumplir la ley y, además no es igual para todos pues con el mismo gobierno no reza. Esto se llama dictadura.

La dictadura ama el secreto. Por eso se ocultó el envío de tropas y se ocultó también que el coste de esta operación fue de 63 millones de euros. Igual que el coste de ese vergonzoso desastre de los piolines  costó 87 millones de euros, cosa de la que acabamos de enterarnos porque el gobierno declaró secreto el monto del coste. No hay dinero para la seguridad social, ni las pensiones, ni el desempleo, ni los dependientes, ni las escuelas, pero sí para dilapidar en secreto cientos de millones en operaciones estúpidas y/o desastrosas. Y también para seguir mangando cargando al contribuyente los miles de millones del pelotazo pepero de las radiales de Madrid para volver a privatizarlas.

No me digan que esto no es una burla sangrante, aunque sigue sin llegar al ultraje a la decencia que supone que Junqueras esté en prisión y Urdangarin en libertad.

Porque todo es secreto en la dictadura. Toda la corrupción de la dictadura ha sido y es secreta. Cifuentes no quería entregar los papeles del Canal, al otro se le perdían los expedientes incriminatorios, la Operación Cataluña, top secret estilo Mortadelo y Filemón. Todo secreto.

Del secreto se ha contagiado la judicatura. El magistrado Llarena ha abierto pieza separada en la causa contra el independentismo y la ha declarado secreta por quince días. La justicia democrática es pública. Solo por razones excepcionales y claramente motivados pueden admitirse procedimientos secretos. Puede que las partes, a las que se ha comunicado la decisión, se den por satisfechas con la explicación, si la hay; pero el público tiene también derecho a conocer por qué motivo (por genérico que sea) se abre una pieza separada secreta. ¿O es que, así como la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, la justicia es la voluntad del juez Llarena? Los tiempos de la "justicia" secreta, los de las lettres de cachet, pasaron a la historia aunque quizá no en España. 

La histórica rivalidad entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se nota en que este último, apuntado a la moda del secreto dictatorial, ha suspendido la comisión de investigación de la Generalitat sobre las cargas policiales del 1º de octubre. Es decir, declara secretas las cargas. Si la gente quiere informarse de lo que pasó puede visionar los cientos de vídeos sobre la violencia policial e ilustrarse con las glosas de los ministros, según los cuales, las fotos eran fakes (Dastis, de Exteriores), no demostraban que hubiera heridos de verdad (Catalá, de Justicia) y probaban que los violentos habían sido los manifestantes atacando a la policía (Zoido, de Interior).

Es un muro de desvergüenza y necedad.

Y tanta dictadura, incompetencia, secreto (con expolio), ¿a qué viene? A la última razón de Estado, Cataluña, en cuyo nombre, para cuyo fin, todo medio es bueno, como enseña la doctrina jesuita.  Y todo es todo.

Por eso, porque hemos llegado hasta aquí en el destrozo provocado por esta manga de incompetentes corruptos y nacionalcatólicos, es urgente laa vuelta a la normalidad institucional: retirada del 155, restablecimiento del gobierno legítimo de la Generalitat y dimisión de un presidente de un gobierno que ha sido una verdadera plaga para el Estado.

Y de la izquierda española mejor es no hablar.

jueves, 18 de enero de 2018

Triunfo de la política

Con el Parlament constituido legalmente, se abre la XIIª legislatura de la Comunidad Autónoma de Catalunya o la Constituyente de la República Catalana. Así están las cosas. Cuál haya de prevalecer al final dependerá de la capacidad de los actores políticos ahora que el conflicto (tan claro y nítido como siempre) se ventila en el lugar que le corresponde, en sede parlamentaria. Ahí lo ha situado la mayoría de los votantes catalanes el pasado 21 de diciembre; en el terreno político, de donde nunca debió salir. Una decisión que tiene una sola interpretación: el rechazo al intento del B155 de derivarlo por la vía represiva, judicial, carcelaria. 

Es el triunfo de la política democrática, parlamentaria, frente al ordeno y mando de la dictadura y la represión del 155. Es una ocasión única para restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones. 

Por eso, lo mejor que puede hacer el señor M. Rajoy es reconocer de una vez aquel resultado y retirar la parafernalia de medidas represivas que ha adoptado para absolutamente nada, salvo para empeorar las cosas y confirmar en el extranjero la creciente convicción de que España no es un Estado de derecho. Esto es, levantar el 155 ipso facto, retirar todas las acusaciones por motivos políticos, anular las medidas represivas que se hayan tomado, restituir a los damnificados si los ha habido en sus intereses. Volver a la normalidad. (Y, de paso, dimitir a la vista del monumental escándalo que los tribunales están descubriendo de cómo este país está gobernado por una banda de presuntos -y no tan presuntos- malhechores dedicados a esquilmarlo). La normalidad, al menos en cualquier país civilizado.

El siguiente paso de este Parlament legal será votar la investidura del presidente. Ya sabemos que se propondrá a Puigdemont. Lo lógico será que, provisto de las suficientes garantías jurídicas, pueda este ser investido presencialmente. De prevalecer la sinrazón del 155, esto es, la voluntad omnímoda del caudillo M. Rajoy, habrá de serlo por medios telemáticos. La negativa a aceptarlo, a su vez, trata de retrotraer la cuestión a los tiempos prepolíticos, los judiciales, con la intención de interrumpir el procés nuevamente por la fuerza. 

Pero ahora hay un Parlament con un claro objetivo de restituir el gobierno legítimo de la Generalitat. Y eso cambia la situación que se ha convertido en política. El Parlament encontrará la forma de alcanzar su objetivo en el doble plano de lo simbólico y lo eficiente y trabajar por la construcción de la República Catalana. Eso lo pondrá en curso de renovado conflicto con el Estado español que, o bien se decide a convertir a Cataluña en una especie de protectorado bajo ocupación más o menos militar, o reconoce de una vez el resultado de las elecciones y deja de poner trabas a la constitución del govern con Puigdemont de presidente. 

De ese modo la Generalitat funcionará con normalidad. A todos en España interesa conocer cuál sea el programa de gobierno del candidato investido. A la Monarquía, desde luego, pero también al gobierno, a los partidos políticos, la patronal, los sindicatos, la Iglesia y la gente en general. 

Esto es, se trata de escuchar qué es lo que los catalanes tienen que decir. Como elemental paso previo a formular una o varias respuestas que puedan acabar en algún tipo de decisión pactada. 

Si acaso.

miércoles, 17 de enero de 2018

La ley está fuera de la ley

"El separatismo desafía la ley" clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.

¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias, declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es posible desafiar lo que no existe. 

A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer.  En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.

Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal. Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura. Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales, algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al literario; casi al dadaísta. 

Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de poder equivalente a un golpe de Estado.

Es de justicia

Me he sumado a un acto en favor de los presos políticos promovido por #WithCatalonia. No sé si lo he hecho según las indicaciones porque ando muy atareado terminando un libro en el que, por cierto, también se habla de los presos políticos. En todo caso, he firmado la postal colectiva que los madrileños simpatizantes (gatos, menos gatos, transeúntes y allegados) envíamos a los dos Jordis, Oriol y Joaquim. Además, subo el cartel a la columna de la derecha de Palinuro. 

Estas personas deben estar en libertad porque no han hecho nada perjudicial al interés público (que bastante importa por lo demás a los actuales gobernantes), no han cometido delito alguno. Luchan políticamente por una causa que todo demócrata debe admitir como legítima. La respuesta legítima solo puede ser política. Los tribunales no pintan aquí nada y su instrumentalización política solo puede empeorar las cosas.

Entre prófugos anda el juego

Mi artículo de elMón.cat de hoy (día D), titulado Quién está fuera de la ley. No abusaré de la paciencia de las lectoras y me limitaré a decir que, a mi modo de entender, el que está aquí fuera de la ley es el gobierno de España. Y de todas las leyes, las naturales, las humanas y, por si existieran, las divinas. Fuera de la ley en España está hasta la ley. Porque viene impuesta por un gobierno que está fuera o por encima o al margen de ella y no la respeta prácticamente nunca.

Y si de prófugos va la cosa, los hay legítimos e ilegítimos. Puigdemont es un prófugo legítimo porque lo es de una justicia que actúa injustamente. Todas las exigencias de que Puigdemont venga a ser investido presencialmente tratan de fabricar una victoria de la causa unionista con una imagen del presidente entre rejas, de indudable impacto político (lo que se busca) pero un desastre jurídico. Eso buscan las propuestas más ladinas que le tienden una trampa a sabiendas y las más ingenuas y, sin duda, bientintencionadas, que parten de una ilusión: la de que España es un Estado de derecho.

El verdaderamente prófugo a los ojos de la ley humana, la natural y la divina es el presidente del gobierno que ha organizado este monumental desastre por no haber dimitido cuando le tocaba, al comienzo de su mandato, en el momento de declarar que no cumpliría su programa electoral sino su deber, lo que él omnímodamente consideraba su deber, habiendo prometido a los ciudadanos lo contrario.

La versión en castellano


Quién está fuera de la ley


Una vez los candidatos electos el pasado 21 de diciembre hayan tomado posesión de sus actas, el Parlament pasará a elegir un gobierno. La investidura de su presidente podrá hacerse por vía telemática, dado que no hay norma que lo prohíba. El gobierno central, la oposición unionista (ciudadanos, socialistas y populares), los medios de comunicación, el Ibex35, que forman en el mismo frente reaccionario del bloque del 155 (B155) lo niegan. Los tertulianos que tienen en nómina también lo niegan. Igualmente lo niegan los letrados del Parlament.

Pero la decisión ha de tomarla el propio Parlament en uso de su soberanía, no vinculado por ninguna de las instancias anteriores. Y es perfectamente legítimo y legal que el Parlamento decida proceder a la investidura telemática del Presidente Puigdemont. Si tal cosa se produce, Mariano punto Rajoy avisa de que lo impedirá a través de los poderes del artículo 155 que seguirá en vigor. ¿Prevé tales poderes el artículo de marras? En absoluto. Entonces, ¿por qué impide la investidura telemática de Puigdemont?

Porque le da la gana, y torciendo el significado de la norma.

No hay fundamento legal ni racional alguno para impedir la investidura telemática y la prueba más evidente es que puede darse de hecho en contra de la voluntad originaria del gobierno que ya había anunciado que se opondría a la decisión del Parlamento. Al comprender que eso es absurdo y que no puede oponerse a la decisión en sí misma, el gobierno ha desplazado su negativa a la aplicación de la decisión. El Parlamento puede decidir la investidura telemática, pero Rajoy no lo permitirá porque no le da la gana.

No hay otra razón. La aplicación del 155 es puro despotismo, arbitrariedad y dictadura personal del presidente de los sobresueldos. El decreto de aplicación del 155 dice que este quedará sin efecto cuando sea investido el presidente de la Generalitat. El modo de evitarlo es no aceptar la investidura, darlo por no investido y sostener que solo se admite la investidura presencial siempre porque a él le da la gana.

Forma parte del saber convencional constitucional en Occidente que las Constituciones son frenos al poder o no son nada. Con el artículo 155 queda claro que la Constitución de 1978 no es nada puesto que ella misma se anula a través de uno de sus artículos que la deja en suspenso y elimina las trabas al poder despótico de un solo individuo. El 155 en el fondo y aunque pueda parecer absurdo, es un artículo anticonstitucional si bien no es eel único absurdo que contiene este documento tan alabado en los discursos como inoperante en la práctica.

Para nada sirve una Constitución que permite un poder absoluto en manos de quien no tiene escrúpulos de tiranizar a una nación sometida por la fuerza bruta a base de saltarse los resultados de las elecciones, perseguir impunemente a las personas, destituir gobiernos democráticamente elegidos y cerrar parlamentos a su capricho, sin dar cuenta a nadie. Lo ayudan en el siniestro empeño unos medios comprados y sometidos a sus designios y unos jueces cuya actuación coincide en la línea de persecución inquisitorial de los adversarios del poder político a cuyo servicio están y por cuya impunidad velan, como ese Tribunal Constitucional que suspende la comisión de la Generalitat encargada de investigar la brutalidad policial del 1 de octubre.

Hasta ahí el Estado de derecho del B155 del triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, dispuesto a restaurar el franquismo en toda su sórdida miseria.

Dice Rajoy que el prófugo de la justicia Puigdemont, debe retornar a España a la investidura presencial. Es una consideración típicamente farisea pues se trata de una trampa para detenerlo ilegalmente, como está pasando con los otros presos políticos, y a continuación exhibirlo como un trofeo en un acto de venganza que convertiría el franquismo del B155 en puro fascismo. Quiere humillar a Cataluña encadenando en público a su máximo legítimo representante. La presencia de Puigdemont en Bélgica, fuera del alcance de la arbitrariedad española, es la prueba más contundente de la deriva dictatorial, franquista de la situación política en España y Cataluña

Puigdemont no es un prófugo de la justicia. La española retiró la orden de busca y captura en su día, sabedora de que la justicia belga, que sí corresponde a un Estado de derecho y no a una dictadura como aquí, no concedería la extradición o y si la concedía, impediría que se le juzgara por los delitos que unos jueces complacientes se inventan al servicio del poder político.

En realidad, el único prófugo de la justicia en el Estado español es el propio presidente de un partido procesado en diversas causas, con más de 1.000 procesados, entre ellos tres exministros, acusado de cobrar sobresueldos de la caja B del partido y de avalar las cuentas de un presunto delincuente en Suiza. Igual que la única ilegalidad están cometiéndola un gobierno y unos jueces que impiden el normal funcionamiento de unas instituciones cuando el resultado de las elecciones no es el que ellos quieren.

martes, 16 de enero de 2018

Los poderes del 155

Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto.  Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva. 

El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155.  Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.

El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.

Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy. 

La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.

Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión. 

Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta. 

De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.




lunes, 15 de enero de 2018

Los "descabezados", en cabeza

El encarcelamiento de los Jordis primero y medio Govern después vino precedido de una profecía cínica del gobierno: habrá algo de jaleo callejero una o dos semanas y, luego, vuelta a la normalidad. Como en el País Vasco. Vuelta a la normalidad en Cataluña es lo que anhelan las almas de bien, como Cebrián, que lo ansía fervientemente, pero duda de que sea posible, dado que todo el mundo se obstina en no hacerle caso. Normalidad no ha habido ni un solo día en Cataluña ni en España después del golpe unilateral del B155. Ni la habrá. No dos semanas sino tres meses han pasado desde el encarcelamiento de los Jordis y la presión de la calle ha ido en aumento. Hasta tal punto que se sentiría uno inclinado a dar la razón a los jueces en su inaceptable argumento de que no se puede poner en libertad a estos presos politicos por el gran apoyo social de que gozan.

Es que, evidentemente, no es así. Los dirigentes lo son de un movimiento que no depende de ellos, cosa que el Tribunal no parece comprender, sino de una convicción y voluntad sociales compartidas que impulsan a la acción colectiva. No hay retorno a la normalidad en circunstancias excepcionales. Sostenerlo es puro fariseísmo. Habrá que seguir reprimiendo (eso sí, con mucha "normalidad") y mandando gente a la cárcel. Cada vez más gente; en las manifestaciones, en los ayuntamientos, por doquiera. 

Según parece, los jueces han decidido reemplazar al poder político y resolver ellos a su manera la cuestión del independentismo catalán. Eso se veía venir. Siempre que la derecha gobierna hay bronca y aquella echa mano de una instancia estatal, supuestamente al servicio de todos, para sus fines partidistas. Mientras pudo, lo hizo con el ejército; ahora, con los jueces. Tienen estos de ventaja, además que, siendo del Supremo, son última instancia, a reserva de lo que se dilucide en la jurisdiccción constitucional, hoy sometida al 155.  Y si esa última instancia, en actividad de "justicia política nacional" allana el camino para poder prohibir partidos políticos por su ideología contraria al régimen por el motivo que sea, ya no quedará nada del Estado de derecho.

Esa es la "normalidad" del B155. La perpetuación de la dictadura en Cataluña. Algo inviable.