martes, 24 de octubre de 2017

De la tierra del sin fin

Hay algo épico en la posibilidad de que Puigdemont comparezca en el Senado. Si comisión o pleno es irrelevante porque lo darán todas las televisiones, salvo que se atengan al criterio de impacialidad y equilibrio del gobierno, en cuyo caso emitirán la final de Wimbledon de 1998.

La cuestión es la comparecencia en sí misma. Desde los tiempos de Yugurta hay algo extraño en la presencia de rebeldes ante un solemne cuerpo legislativo cuya autoridad aquellos niegan. Extraño y siniestro. Lutero, citado a la Dieta de Worms, fue provisto de un salvoconducto de su protector, Federico III, Elector de Sajonia. Aun así, hubo que salvarlo de las consecuencias del terrible Edicto de Worms por un episodio de capa y espada. No se está haciendo comparación alguna, que sería desmesurada. Aquí no hacen falta salvoconductos. Estamos en un Estado de derecho. Lo de la dieta de Worms fue durante las guerras de religión. En efecto, en donde chocaban pasiones muy profundas. Como ahora con las guerras nacionales o por la nación. Pasiones tan profundas como para obnubilar la razón.

Puigdemont vendría al Senado en Madrid en un clima de franca y generalizada hostilidad. Es verdad que se trata de una buena ocasión para explicarse ante el conjunto de la ciudadanía y al extranjero. Es de suponer que su declaración sea transmitida íntegra por las televisiones. Y también es de suponer que habrá voces pidiendo su detención. Ayer las redes discutían acaloradamente esta eventualidad y así seguramente lo hace el govern. El fiscal general, reprobado por el Parlamento, recuerda que, si se proclama la DI, Puigdemont puede darse por preso. Y dado que la cuestión de la proclamación de la DI es tan insegura como el santo grial, así como que el fiscal Maza gusta de ser expeditivo, bien pudiera pedirse la detención del presidente de la Generalitat al bajar del AVE en Madrid.

Es impensable, ¿verdad? Pero según lo impensable va haciéndose realidad se hace menos impensable.

El plan del gobierno no deja lugar a dudas: un 155 máximo, equivalente en realidad a un estado de exepción, con intervención política (la económica ya funciona hace semanas), en la seguridad y en los medios públicos de comunicación. Esto último ha provocado situaciones tan vergonzosas como ese comunicado del consejo de redacción de RTVE oponiéndose al 155 en los medios catalanes mientras el gobierno siga teniendo la RTVE a su servicio. Un gesto de profesionalidad que ayuda a los trabajadores de TV3 y RAC1 a negar acatamiento a las directrices de intervención. La intervención de los mossos, que estos también rechazan, así como de las autoridades políticas catalanas (govern y Parlamento) que también anuncian desobediencia, configura una dictadura "constitucional" al estilo del artículo 48 de la Constitución de Weimar. Y más allá. La vicepresidenta del gobierno ya hace saber que la intervención (en realidad, ocupación) de Cataluña podrá prolongarse más de seis meses. Es decir, que se han saltado el último requisito que todavía quedaba en pie de la dictadura constitucional. Es la dictadura sin límite de tiempo, la de Mussolini, Stalin, Hitler y el discípulo de todos ellos y maestro de los actuales gobernantes, Franco.

Y roto el límite de tiempo, por el mismo precio, también se rompe el territorial y, sobrados de 155, los halcones del PP proponen aplicarlo asimismo en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Menudo éxito el de la Transición.

Con esta perspectiva de dinámica de fascistización, que trata de provocar conflictos sociales para justificar políticas represivas más intensas, la comparecencia de Puigdemont en el Senado es un gesto de enorme importancia. Por si hay alguna duda, invito a considerar lo que Puigdemont representa para las dos partes del conflicto. Para el gobierno y sus aliados, un obstinado rebelde contra la ley y la Constitución, un iluminado, un demagogo, en último término, un delincuente. En su animadversión incurren en el argumento típico de los matones de culpar a la víctima del maltrato: el responsable del 155 es Puigdemont, no quienes lo ponen en marcha. Un sujeto así, que pide que lo maltraten no merece respeto.

Para los independentistas y gran parte de los no independentistas es su presidente, el hombre que representa al pueblo catalán, cuyo ánimo de entendimiento pacífico y concordia está él encargado de exponer en el Senado. Se ha convertido en el símbolo de una lucha que se quiere secular de un pueblo masivamente alzado por su dignidad. Es un delirio, dicen los adversarios. Delirio, iluminación, pero es colectivo y, por cierto, republicano. Y lo representa este hombre.

Sea cual sea el resultado del evento, el nacionalismo español a la antigua usanza, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, tiene la batalla perdida porque carece de proyecto viable a medio y largo plazo. A corto es evidente puesto que anda a porrazos. Los de Podemos tratan de mantener la cabeza por encima del agua enunciando una tercera vía, consistente en el referéndum pactado que los indepes estuvieron proponiendo hasta que se hartaron. Como siempre, la tercera vía no existe. Es una de las otras dos más o menos vergonzante.

Porque, en efecto, cuanto más artificio represivo despliegue el Estado, más costará después desmontarlo cuando se compruebe que no ha servido para nada.

La llamada cuestión catalana que, sí, es en realidad cuestión española como se prueba hoy en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra, no es un problema de orden público, tampoco de legalidad; no es una cuestión jurídica siquiera. Es una cuestión de legitimidad, de principios que solo puede abordarse políticamente en una mesa de negociación, con un referéndum pactado por medio. Y lo sabemos todos.

Sustituir este escenario por otro de represión, censura, intervención, prohibiciones, detenciones, controles, multas, sanciones en una sociedad del siglo XXI, organizada en redes distribuidas es ridículo e inútil. Pero puede causar mucho daño y sufrimiento.

Las caras de la legalidad

Se aplicará el 155 para volver a la legalidad de la Gürtel. Y eso es lo que hay. Se escriben centenares de miles de palabras de todo tipo y calibre, se emplean miles de horas en atiborrar las ondas en la diatriba sobre la independencia/secesión de Cataluña. El ruido es espantoso. Se apresta una máquina de guerra que, si cuanto tiene de teatral lo tiene de eficaz, del enemigo no quedará ni el recuerdo.

Pero los hechos son tozudos: el partido de la Gürtel, con más de 700 imputados y condenados (exministros, expresidentes, etc), él mismo imputado por entenderse que es una presunta organización para delinquir, dirigido por un personaje acusado de cobrar sobresueldos en B y que ha comparecido ya como testigo, con una declaración que muchos consideran falsa, ese partido se encarga a sí mismo de imponer la legalidad en Cataluña. 

Y nadie piensa que será otro desastre.

lunes, 23 de octubre de 2017

Entre Carl Schmitt y Lenin: Cataluña y el poder dual

La aplicación del 155 tiene un eco schmittiano que han señalado algunos analistas. Del Schmitt muy preocupado por la defensa de la Constitución y la figura del "defensor de la Constitución", que venía a ser una forma de dictadura legal, a imitación de la figura del derecho romano.

Efectivamente, el 155 es una traducción literal (con alguna variante garantista) del 37 de la vigente Constitución alemana; tan literal que reproduce los mismos dos apartados con idéntico contenido. Pero es que el 37.1 de la Ley Fundamental es, a su vez, reproducción literal, aunque dulcificada, del primer apartado del famoso art. 48 de la Constitución de Weimar. Así que el 155 español reproduce en lo esencial el 48 de la Constitución alemana de 1919, el nido de la dictadura constitucional que daba plenos poderes al Presidente, aunque controlado por el Parlamento, que podía revocar sus medidas. Friedrich Ebert recurrió a él en algunas ocasiones cuando juzgó que se daba una amenaza seria al Reich y, con ello, acabó configurando la imagen práctica de lo que luego Schmitt teorizaría en 1929 como El defensor de la Constitución. Hay discrepancias sobre si la aportación del ilustre jurista sirvió de modelo para que, en 1933, el entonces presidente del Reich, el mariscal Von Hindenburg, diera paso a la dictadura nazi o si el viejo soldado firmó lo que Hitler, presidente del gobierno, le puso ante las antiparras sin leerlo. El hecho fue que, invocando el artículo 48, von Hindenburg promulgó el Decreto Presidencial para la Protección del Pueblo y el Estado que, junto a la Ley de Plenos Poderes, abrió el camino a aquella dictadura, una de las épocas más siniestras de la historia de la humanidad. Y ha habido algunas.

Así que ya sabemos en dónde estamos. Rajoy, el presidente del partido de la Gürtel, se proclama defensor de la Constitución o dictador constitucional con el firme apoyo del PSOE y C's. No debe el presidente temer incordio alguno del lado parlamentario. Ya no lo temía antes de un parlamento que, en realidad solo existe como club de debate televisado. Y hay que reconocer que algunas sesiones son divertidas. Pero no existe como cámara de control. Ni siquiera como cámara legislativa. En un año de legislatura el Congreso ha aprobado dos (2) leyes, y una de ellas es la de Presupuestos, mientras que el gobierno ha bloqueado (vetado, de hecho) 43 proposiciones de ley. Los plenos poderes que le da el 155 ya los tenía de antes, pues gobierna de modo absoluto sin respeto alguno por el Estado de derecho que no se cansa de invocar. De cómo maneja el Poder Judicial y los medios de comunicación, con qué maestría, no hace falta ni hablar. El 155 viene a consagrar como constitucional una dictadura de hecho. 

Toda justificación de la dictadura constitucional insiste en su carácter provisional, transitorio, "hasta que se restablezca el orden constitucional" suele ser la fórmula. "Hasta que vuelva la normalidad", es la que se emplea la presentar el 155. Concepto vagaroso ese de "normalidad". La cuestión es: ¿y si la normalidad no se restablece o no se restablece a gusto del normalizador? ¿Se perpetúa la dictadura?

Que se vuelva o no a la normalidad, por desgracia para el triunvirato Rajoy-Sánchez-Rivera, no depende de su firme e indudable voluntad de que así sea. Depende de la capacidad de la otra parte, la Generalitat y el movimiento independe, de resistirse a la aplicación del 155 y sus medidas represivas. Algo así ni siquiera cabe en la triple testa de los triunviros. Es imposible. No se producirá. Rajoy piensa que si él prohibe algo, ese algo no se da y, si se da, no se ha dado. Esa forma mágica de enfrentarse a la realidad es contagiosa y ya ha inficionado a Sánchez y Rivera. Tan convencidos están de que aquí se hace lo que ellos dicen que calculan los tiempos de sus medidas 155 contando con los plazos que tendrá Puigdemont para convocar esas elecciones autonómicas que ellos le ordenan  so pena de males terribles. Elecciones ya expresamente rechazadas por los indepes. 

No lo oyen. No lo ven. No lo entienden. No les cabe en la cabeza. ¿Cómo que las órdenes, prohibiciones y medidas del gobierno central no se acatan? Bueno,  tampoco es nuevo. No se acataron el 9N, ni el 1/10, ni con motivo de la DI y cola epistolar. Pero ahora sí van a acatarse porque se va a emplear la coerción estatal con fuerza armada siempre para garantizar el retorno a la normalidad. ¿Y si no se consigue? Una hipótesis excluida en los planes del triunvirato por lo que no se formula un plan B: si no se consigue se intensifica el uso de la fuerza hasta conseguirlo. ¿Es esto posible? Seguramente, no.

¿Por qué? Porque, como se han desarrollado las cosas, la revolución catalana se encuentra ahora en un instante que los conocedores de los procesos revolucionarios llaman de poder dual o dualidad de poderes. Viene a considerarse el momento en el que el proceso revolucionario hace crisis en sentido médico y se decide la suerte de la revolución: triunfar o sucumbir. Es el punto álgido que en España se abre esta semana de prolegómenos tan teatrales. La Generalitat se alza como un poder por derecho propio en función de su propia legislación y, no reconociendo la autoridad del Estado y su gobierno, pretende hablarlos de igual a igual. 

¿Es esto verosímil? En la historia no hay criterio alguno de verosimilitud o inverosimilitud tratándose del futuro. Y no se olvide que el futuro empieza hoy, ahora mismo. Fue Lenin, autoridad universalmente reconocida en la teoría y práctica revolucionarias el que, a raíz de las Tesis de abril, desarrolló la teoría del poder dual. Luego de la revolución de febrero, el poder quedó dividido entre el gobierno provisional de Lvov y Kerenski después, y los soviets, sobre todo el de Petrogrado. Lenin sostuvo la dualidad mientras no tuvo otro remedio. Pero su fin era acabar con el gobierno de la burguesía, arrebatarle el mando. De ahí vino la consigna de "todo el poder a los soviets" que se materializó en la revolución de octubre, cuando el poder dual se convirtió en la monocracia bolchevique. Por supuesto, lo interesante aquí no son los hechos históricos que más disímiles de la situación actual no pueden ser. Cualquier parecido con lo de hoy solo puede ser producto de la fantasía. En La Moncloa no hay un Kerenski (¿o sí? Ay, la fantasía), ni en el Palau habita un Lenin. 

Lo que nos interesa es el principio mismo, la teoría del poder dual, que se ha dado en muchos otros casos con circunstancias distintas, en la Comuna de París, en la revolución china, etc. Allí en donde un poder se enfrenta a otro en un mismo territorio y no como invasor. El Estado contemporáneo está basado en el supuesto de la soberanía interna que es causa y efecto al mismo tiempo del monopolio legítimo de la violencia. El Estado no puede tolerar un par a él en su territorio porque entonces el monopolio sería un duopolio. La forma Estado es excluyente y está obligada a suprimir por la violencia cualquier otra rival, por razonables que sean sus pretensiones. Eso, aparte de cargar a sus promotores con los tipos más graves de delitos previstos en el Código Penal.

Lo segundo, tildar de delincuentes a los dirigentes del movimiento es fácil; lo primero, extirpar este, no tanto. Me atrevería a decir que imposible. El Estado español no puede tolerar dualidad de poderes alguna en su territorio. La Generalitat aspira a ella y hoy o mañana habrá dado el paso decisivo para convertirse en un poder por derecho propio.  Habiendo sido durante años la única oposición en España, Cataluña se erige ahora en contrapoder, según terminología ya clásica. La República Catalana, con lo que toma forma uno de los dos poderes, de la dualidad de hecho que hay en España. Uno que se presenta a sí mismo en resistencia y lucha pacíficas, sin violencia alguna, contra el otro en cumplimiento de un mandato de autodeterminación de una mayoría social y parlamentaria. Una mayoría social (si se descuentan los abstencionistas en el cálculo y se añaden los partidarios del referéndum de autodeterminación, aunque no de la independencia) que ha venido actuando en los últimos años como una especie de poder constituyente popular fraguado en las calles y las redes sociales.

Veremos si, metafóricamente hablando, Schmitt gana la batalla a Lenin o no.


domingo, 22 de octubre de 2017

Golpe de Estado en nombre de la ley

El gobierno más corrupto, sostenido por un partido al que los jueces consideran una presunta asociación de malhechores, anunció ayer un verdadero golpe de Estado, dice que para defender la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho. Una legalidad arbitraria e injusta, una Constitución que el mismo PP ataca con tan pocos miramientos como cuando sus fundadores franquistas votaron en contra de ella, y un Estado de derecho sin separación de poderes pues es el mismo gobierno que ignora el Parlamento, tiene al poder judicial a su servicio y controla todos los medios de comunicación. O sea, un poder corrupto y dictatorial anuncia un golpe de Estado que perpetrará en cuanto el Senado (que también controla con mayoría absoluta) dé el visto bueno a una aplicación del 155 mucho más allá de sus previsiones, en realidad, un artículo 116, un estado de excepción no declarado.

Para esta nueva fechoría cuenta con el apoyo del Rey y de los otros dos partidos dinásticos, C’s y PSOE. El respaldo ya expreso y reiterado del Monarca ha convertido a la Corona en parte beligerante en el conflicto y liga su suerte al más que dudoso triunfo del golpe. Al igual que su bisabuelo, el Rey se ha aliado con la dictadura. Tendrá su mismo final.

En cuanto al respaldo de los otros dos partidos dinásticos, el de C’s se daba por descontado. Ahora también lo está el del PSOE que, en tres meses (de julio a octubre), ha pasado de rechazar el 155 a apoyar fervorosamente su aplicación, de pedir la dimisión del de los sobresueldos por la corrupción y la catastrófica gestión del conflicto catalán a convertirse en su más firme apoyo. Al extremo de que el PP se vale de Sánchez como su portavoz exterior. El PSOE justifica este disparate invocando la “razón de Estado”, como si el Estado cuya razón invoca no fuera el de la tradicional oligarquía parásita, nacional-católica y catalanófoba que está en el origen mismo del conflicto. Este servilismo le hará perder el escaso apoyo que tenía en Cataluña y mucho del que conservaba en el Estado. Es una de las facetas del desastre que el independentismo catalán ha ocasionado en la izquierda española, incapaz de articular alguna alternativa al uso de la fuerza bruta.

La intervención anunciada por el bloque nacional español, en realidad, sigue siendo una baladronada por ver si la Generalitat retrocede y no es necesario pasar a mayores. Entre otras cosas porque no sabe cómo hacerlo, no está claro si puede y menos aun si la UE lo va a permitir. El gobierno quiere cañonear la Generalitat, pero el pago de la deuda y la prima de riesgo le han mojado la pólvora.

Dicen los golpistas que no se suspende la autonomía catalana (en realidad, el 155 no lo permite) sino que se limitan a sustituir sus cargos por otros designados a dedo en Madrid. Es una mentira tanto más irrisoria cuanto que, siendo innecesaria, ha puesto de relieve la condición colonial de Cataluña que el nacionalismo español siempre ha negado. Al gobernar el Principado desde Madrid, lo tratan como una colonia y dan la razón al independentismo cuando reivindica el derecho de autodeterminación por considerar Cataluña una colonia. Y lo es. El bloque nacional así lo confirma.

Otras mentiras adornan esta decisión demencial (demencial en la actual situación de España), como la de que la intervención será mínima. Al contrario, quiere ser máxima, pues se propone destituir al govern en pleno, clausurar de hecho el Parlamento, controlar las fuerzas de seguridad y adueñarse de los medios de comunicación públicos para ponerlos a su servicio. De los jueces no hablan porque ya los tienen. Intervención máxima, un golpe de Estado civil en toda regla. Apoyado por el PSOE que ha pasado también de acusar a la Generalitat de golpista a serlo él mismo.

Dice el bloque que todo acabará en tres meses, cuando se haya restaurado la normalidad y se convoquen elecciones. Una normalidad que solo él rompió con el hostigamiento a los indepes antes del referéndum y la jornada de vandalismo policial durante la votación el 1/10.

Probablemente, además, esas elecciones no se celebrarán y mucho menos cuando los golpistas las prevén. Hasta es posible que haya elecciones generales antes en España que en Cataluña. Es una de las cartas de Rajoy para prolongar su mandato con un posible triunfo electoral por mayoría guerrera y abrumadora. Desde luego,las autonómicas no se celebrarán o no lo harán en la fecha prevista porque, como ya suponía ayer Palinuro, la Generalitat no va a ceder.

Después de la cavernosa amenaza de Rajoy, aplaudida por sus palmeros, el gobierno recibió una múltiple respuesta desde Cataluña que apunta a la confrontación, unida en la consigna que se coreaba ayer en la enorme manifestación en Barcelona contra el encarcelamiento de los dos Jordis: No pasarán. A más de algún socialista le estarán zumbando los oídos de vergüenza. No pasarán.

Después de la manifestación, las distintas instituciones hicieron pública su posición:

Los mossos d’esquadra no aceptarán ser dirigidos por otros mandos que los de la Generalitat.

La mesa del Parlamento no aceptará ninguna merma en sus funciones ni dará un paso atrás.

El govern tampoco aceptará su destitución ni ninguna medida que recorte sus competencias.

TV3 no aceptará ser intervenida por dirección alguna que no sea la de la Generalitat.

La CCMA (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) tampoco aceptará la intervención.

Este frente institucional está respaldado por una movilización masiva de la sociedad catalana en defensa de sus representantes y actitud de desobediencia generalizada, desde los ayuntamientos a las escuelas, pasando por los servicios públicos, con un horizonte de huelga general. Para controlar eso sería necesaria una verdadera ocupación militar, cosa que el bloque español no puede permitirse.

No saben en dónde se han metido. En un escenario de uso de la fuerza y la represión violenta contra una sociedad que ejerce la desobediencia y la resistencia pacífica en defensa de sus representantes a los que quizá haya que encarcelar, como ya se ha hecho con los dos Jordis. Ello provocará más reacción social y más violencia de parte del Estado que puede acabar teniendo que decretar el toque de queda en las calles, para silenciarlas. Una perspectiva sin salida que obligará a la UE a intervenir forzando una negociación que ya solo puede hacerse en torno a dos posibilidades, las únicas viables: un referéndum de autodeterminación pactado o la independencia de Cataluña sin más, también negociada, por supuesto.

En su comparecencia, el MH hizo ver que el lunes o el martes se procederá a votar en el Parlamento la DI hasta ahora en suspenso. Obsérvese que el relato independentista sigue siendo ganador: se declara la independencia después de que el bloque nacional haya activado el golpe de Estado vía artículo 155, puesto que este se ha anunciado sin esperar a diálogo alguno, para lo que aún disponía de dos meses.

Breve flexión sobre la gran ausente en este conflicto: la otra izquierda no independentista pero con visos revolucionarios, la española de Podemos y la catalana de los Comunes. Sus angustias y ambigüedades teóricas y su evidente irrelevancia práctica la han dejado al margen de la historia, empujada hacia delante con la mirada vuelta hacia atrás, como el ángel de Klee/Benjamin. La prevalencia del eje nacional sobre el social en el que cifraba todas sus esperanzas la ha aplastado y ha sido incapaz de tomar ejemplo de la CUP (de cuya vitola izquierdista nadie duda) que ha entendido perfectamente el sentido de esa historia: la emancipación nacional como requisito para la social en un marco republicano.

Eso, en España, hoy, es una revolución.La única que hay.

sábado, 21 de octubre de 2017

Desperta ferro

El duunvirato Rajoy-Sánchez, con Rivera en el sidecar anuncia a bombo y platillo las medidas que tomará cuando tenga aprobada la aplicación del 155, cosa fácil, pues depende del Senado. Para dar un carácter más terrible a la par que hueco, tenebroso y amenazador, ha vuelto a sacar al Rey, advirtiendo que no habrá secesión de territorio alguno y legitimando las medidas que se tomen. Es un verdadero "Desperta ferro" como el de los almogávares; es el estruendo que hace el ejército antes de la batalla para enardecerse y desmoralizar al enemigo. En este caso, la réproba Generalitat, empeñada en plantar cara al gobierno, al Estado, al Rey y a la UE..., de momento. 

Habrá que ver si el adversario se arredra. Más parece que no. Los preparativos de Puigdemont, atrincherándose en el Palau y la reiterada advertencia de la Generalitat de que no reconocerá otra autoridad que ella misma y que, por tanto, no acatará las decisiones que esa otra adopte, apuntan a un escenario en el que probablemente sea preciso emplear la violencia.

La controversia sobre cuestiones teóricas, de principios, de conceptos, ha quedado cerrada en detrimento de la posición del nacionalismo español. Ninguno de sus argumentos ha resistido. La idea de que en el referéndum han de decidir todos los españoles tiene dos respuestas, una general y otra específica. La general: establece la dictadura de la mayoría sobre una minoría nacional, estructural; la específica: en el referéndum de 1980 en Andalucía (que también afectaba a todos los españoles) solo votaron los andaluces. 

El argumento de que ninguna Constitución reconoce el derecho de autodeterminación ha volado por los aires con los referéndums de Quebec y Escocia. Que las Constituciones no los reconozcan no quiere decir que no puedan (incluso deban) celebrarse, sobre todo si,como es el caso, estas tienen mecanismos habilitadores.

El argumento de la legalidad también tiene dos respuestas, una específica y otra genérica. La específica: la legalidad que pretende imponer el gobierno del PP es tan arbitraria, medida por doble rasero, viciada por todo tipo de maniobras e ilegalidades que aquel carece de autoridad para invocarla. El genérico: la legalidad es una cuestión de voluntad política. Las leyes las hace el Parlamento, en donde se forma la voluntad que así como hace la ley, puede deshacerla y este gobierno es ducho en la práctica.

Los negros vaticinios sobre un futuro de ruina y desgracia para una Cataluña independiente no son argumentos sino agorerías que no valen nada y, además, se estrellan con el innegable derecho de los pueblos a gobernarse mal. Un ejemplo, precisamente, lo tenemos en España desde hace siglos.

Zanjadas las cuestiones de teoría y principios y no teniendo el gobierno otro recurso que la huera repetición de consignas falsas sobre la democracia y la ley, lo siguiente es imponerse por la fuerza. Feliz momento en el que nos encontramos sin que, por supuesto, nadie indague en las causas, nadie pida responsabilidades, nadie reflexione en que es un disparate que quien ha llevado al país a esta situación de excepcionalidad y es obviamente responsable de ella por sus desatinos desda hace años, sea quien vaya a restaurar lo que él mismo considera "normalidad".  Momento "Desperta ferro".

Cuando se recurre a la fuerza hay que esperar una reacción y tener más o menos previstos los momentos posteriores. Al aplicar el 155 y emplear al Monarca de heraldo negro, tras haber encarcelado a los dos Jordis, se reconoce que el asunto no es de mero orden público, sino que va más allá. No está combatiendo una organización terrorista y minoritaria sino algo muy distinto que se niega a reconocer. Por eso articula, dice (con la aquiescencia del PSOE, lo que es una vergüenza) una intervención "mínima" en tres puntos neurálgicos: el govern y (parcialmente) el Parlamento, los mossos y los medios públicos de comunicación, singularmente la odiada TV3, la mejor televisión del Estado. Reiterará que es una intervención mínima con los aplausos socialistas y cierto disgusto de C's, a quien gustaría también ver prohibidos los partidos independentistas. En realidad, es una intervención máxima. Un verdadero golpe de Estado civil. Se ocupa el gobierno/parlamento, la seguridad y los medios de comunicación y, pacificada esta tierra rebelde, se convocan elecciones el 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. La dictadura del duunvirato habrá llegado a feliz fin. El orden volverá a reinar en Barcelona.

Pero eso es una fantasía. En primer lugar, no está nada claro que ese nuevo reparto de cargos y responsabilidades dictado por el poder central se dé sin resistencia. Esta puede llevar a situaciones más represivas, que moverán mayor rebeldía en la calle. Suponiendo que consiga reemplazar a los indepes de las instituciones de gobierno, se enfrenta a una movilización social generalizada de desobediencia pacífica pero mantenida. Aquí es donde volverán a sonar las voces pidiendo la prohibición de los partidos y, claro, también de las organizaciones sociales indepes (al fin y al cabo, los dos jefes principales están entre rejas) y, en último término, por qué no, la prohibición del independentismo tout court.

Cualquier elección que quiera hacerse teniendo ilegalizada a más de la mitad de la población, sus organizaciones políticas, sociales, culturales, etc., será irrisoria, como las elecciones y referéndums que hacía su referente Franco. Algo que nadie, ni los organizadores, podrá tomarse en serio. 
No creo que el duunvirato lleve su vesania a prohibir los partidos o las organizaciones sociales indepes en un país en el que son legales la Falange y la Fundación Francisco Franco que, además, recibe subvenciones públicas. No lo creo, pero no es de descartar. Viéndose perdido, el nacionalismo español quizá prefiera morir matando.

Porque, de no prohibirse el independentismo, ¿de dónde saca el duunvirato que, con una sociedad intervenida, el resultado electoral no va a ser una mayoría absoluta aumentada del independentismo?  Y, si esto es así, ¿qué piensa hacer? ¿Suprimir la Generalitat con un decreto de Novísima Planta?

No habrá tales elecciones. Para llegar a ellas, el duunvirato tendrá que salvar tres meses de resistencia social intensa. Para vencerla se verá obligado a intensificar la represión. El siguiente campo en el que querrá entrar, porra en alto, será en las redes. Ya se dice que quieren regular la libertad de expresión en internet que, como todo el mundo sabe, supone establecer la censura. Al respecto, han reaparecido los de Anonymous, prometiendo un ciberataque a favor de la independencia de Cataluña. En pro de esta causa lleva militando unos meses Julian Assange.

Hoy no se controla la sociedad si no se controlan las redes. Pero el control de las redes ha pasado a ser el punto que distingue una democracia de una dictadura.

viernes, 20 de octubre de 2017

Procrastinación

Aquí alguien está intuyendo que algo no marcha bien y que están tomándole el pelo. Y es Rajoy. La foto de Público es llamativa. El rostro ausente de un hombre que trata de componer figura pero no sabe ni en dónde está. El otro, no; el otro es la imagen misma de la felicidad, la del que tampoco sabe en dónde se ha metido pero no le importa. Mientras le dejen hablar a todas horas, aunque sea diciendo cosas contradictorias, seguirá sonriendo. Involuntariamente, el periódico les echa una mano interpretando piadosamente el retraso en aprobar la terrible maza del 155. No es que lo retrasen porque no saben qué hacer ni por dónde empezar, ¡qué va! Es por la muy humana razón de dar tiempo a Puigdemont a "rectificar". 

A su vez, Puigdemont reitera que, mientras no vea las orejas al 155, no habrá aprobación de DI pero, si las peludas orejas aparecen, la DI será proclamada en solemne sesión parlamentaria. Esto quiere decir que la situación de tablas o stalemate, que dicen los ingleses, tendrá una duración variable. Hasta dos meses, como apunta una de las numerosas y enrevesadas explicaciones del MH, lo cual no es muy seguro o hasta que la troika nacional española (PP, PSOE, C's) decida poner fin, lo cual aun lo es menos.

O sea, que podemos estar así una temporada. Y estos retrasos llevan a situaciones pintorescas: divisiones entre los aliados (el PSOE, muy asustado, trata de transferir a la política el principio de intervención mínima de la cirujía o el derecho penal), exageracioness grotescas berlanguianas (ese delegado del gobierno en Castilla La Mancha que pide aplicar a su región igualmente el 155, no van a ser el manchegos menos que los catalanes); o situaciones de política exterior de los tercios de Flandes (esa carta que un funcionario de exteriores ha enviado al primer ministro belga amenazándolo por pronunciarse sobre el conflicto catalán). Es obvio que el retraso deja lamentablemente a la vista las carencias y vicios de la posición española y ello sobre el trasfondo de las imágenes de la brutalidad policial. La táctica del pudrimiento de Rajoy no funciona.

Para evitar este riesgo, El País, feliz, saca a portada un titular "Rotundo mensaje de Europa a favor de la España Unida" mensaje que deduce de la siguiente expresión literal de la UE "Nadie en la UE reconocería la independencia de Cataluña". El solo hecho de que la posible secesión catalana sea motivo de consideración (incluso oficioso) ya es suficientemente alarmante. Tal cosa no se considera de ningún otro país y, por lo demás, el valor de estas declaraciones es siempre fluctuante y muy relativo. Por ejemplo, frente a ese enunciado que parece un telón de hierro, surge la pregunta: ¿hasta qué punto tolerarían los Estados que no reconocen la independencia de Cataluña un tratamiento español de esta de formas contrarias al Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos? 

Luego el punto tranquilizador no está en las declaraciones de terceros sino en las intenciones, voluntad, determinación y apoyos de la otra parte, la independentista catalana. Si en Cataluña la sociedad, como parece, se cierra en desobediencia al gobierno central y este tiene que recurrir al estado de excepción, ello presionará mucho sobre el ánimo europeo. Imagínese que se encierra al govern en prisión (y ello si se puede pacíficamente en vista del posible enfrentamiento entre cuerpos armados), ¿cuánto tiempo puede sostenerse una situación así en Europa? O peor, se cierra el Parlament y la autoridad la ejerce el delegado del gobierno o una autoridad militar, por supuesto.

La siguiente pregunta es: ¿estamos hablando en serio? Precisamente por eso, porque no podemos estar hablando en serio, los dirigentes de los dos partidos dinásticos han retrasado la decisión, sabia y caritativamente, para dar tiempo a Puigdemont a rectificar. No porque no tengan ni idea de cómo convencerlo para que rectifique con razones comedidas y corteses Quieren librarlo de la terrible culpabilidad y responsabilidad de morir machacado por ellos mismos. 

Y eso, contando con que puedan.

¿Quieren ver una revolución democrática en marcha?


-----------------------------------------------

Carlos de Urabá ha hecho un vídeo fantástico -como siempre- sobre la jornada del 1/10 cuando la gente en Cataluña salió a votar en referéndum pacífico en contra de la prohibición expresa del gobierno y las cargas vandálicas de la policía nacional y la fuerza militar de la Guardia Civil. Colas de gente, horas y horas, esperando para votar con mal tiempo, con incomodidad y teniendo que defender los colegios electorales frente a la barbarie policial. Era la respuesta de un gobierno histérico que había hecho todo lo posible por impedir los preparativos (y había fracasado), por convencer a la gente de que el referéndum era ilegal y que se quedara en su casa (y también había fracasado), por mandar a sus fuerzas armadas a apalear a los ciudadanos (e igualmente había fracasado) y hubo de contemplar, rabioso e impotente, cómo los centros cerrados reabrían, las urnas secuestradas reaparecían y, al final de la jornada, habían votado más de 2.200.000 catalanes; en realidad, casi tres millones si contabilizamos las 770.000 papeletas que la policía confiscó a porrazos.

Este hecho incuestionable y sin precedentes de millones de personas de todas las edades y condiciones yendo a votar pacífica y democráticamente frente a un Estado todopoderoso que pretendía impedirlo por la fuerza bruta fue narrado al mundo por cerca de 1.500 periodistas internacionales, entre ellos, Carlos. Sus crónicas tuvieron un impacto mucho mayor cuando ese mundo pudo ver las terribles escenas de brutalidad policial contra gente pacífica e indefensa. Cataluña se había puesto a la vanguardia del nuevo tipo de revolución popular, masiva, organizada a través de las redes bajo la forma de las multitudes inteligentes. Y con ello dejó al desnudo la superchería de un régimen oligárquico, seudodemocrático y tiránico que, además, está corrompido hasta la médula.

Dos reacciones contrarias ha tenido este acontecimiento insólito, que ya está en la historia como el episodio inicial de un pueblo que se ha ganado a pulso el respeto y la admiración de toda persona democrática, abierta y progresista y, por supuesto, de izquierda.

La primera, la del gobierno que, según costumbre, que le viene de su origen franquista, negó y niega que ese referéndum (sí, el mismo que puede verse en el vídeo, uno de los cientos, miles de testimonios de esta realidad) hubiera tenido lugar. Que no existió, vamos. Al margen de que eso le obliga a desmentir también al Colegio de Médicos que certificó la cantidad de más de 1.000 heridos/as por las cargas policiales, deja en muy mal lugar a los policías y los militares de la Guardia Civil que, al parecer, no estuvieron en donde estuvieron, ni apalearon a la gente que apalearon. Coincidente al milímetro con la posición del gobierno, dos días después, el Rey de España, rompiendo toda prudencia, largó un sermón amanezador contra la Generalitat y trató a los independentistas de delincuentes lo cual, por supuesto, animó a que unos días más tarde, sus fieles seguidores fascistas, nazis y demás bazofia de la extrema derecha, salieran a la calle a abrir cabezas de demócratas. Por supuesto, de sus labios no pronunciaron ni una palabra de consuelo para los 1.000 heridos. Será justo que este servidor del PP abandone un trono para el que nadie lo ha elegido, igual que su partido abandonará el gobierno.

La segunda reacción de rechazo y negación es la de esa sediciente izquierda que niega el carácter revolucionario de este movimiento independentista profundamente original y popular. Es la izquierda seudorrevolucionaria estilo Podemos para la que esta revolución es un producto de la corrupción de la burguesía catalana del 3%. No es, en su opinión, una revolución porque no pueden manipularla ni dirigirla ni, en el fondo, la entienden.

La otra izquierda, la socialdemócrata, para ocultar su política de sumisión a la derecha franquista del PP, cuya política de represión salvaje apoya, se aferra a un dogma tan falso como antiguo a base de sostener histéricamente que un movimiento nacionalista "no puede ser de izquierda" porque la izquierda es internacionalista. Algo obviamente falso. Basta recordar la votación de los socialistas franceses y alemanes en favor de sus burguesías en 1914 con la que empezó la Iª Guerre Mundial o la actiutud del socialista francés Léon Blum abandonando a la República española frente a Franco en 1937, o la del socialista también francés Guy Mollet masacrando a los argelinos en 1956, etc. En cuanto a la primera memez, basta con mirar el vídeo de Carlos Urabá y contar cuántos burgueses egoístas había votando en aquel 1º de octubre de 2017 que pasará a la historia.