Permítaseme una vanidad infantil. Ayer, los tres magistrados del Supremo ignoraron la súplica de Palinuro y decidieron dejar en prisión a Junqueras. En cambio le dieron alegremente la razón y hasta lo convirtieron en profeta cuando decía: el personal avisa de que ese concepto de violencia es interpretable y puede acabar siendo violencia algo que no lo parezca. Y hasta que ni lo sea. Y así ha sido.
Junqueras sigue en la cárcel en virtud de una interpretación altamente cuestionable, retorcida, del concepto de violencia, requisito imprescindible en la tipificación del delito de rebelión. Podría caber perfectamente en el supuesto anterior: se califica de violencia la falta de violencia. El auto de la sala así razona de modo prácticamente literal. Se admite que Junqueras no es autor de violencia alguna de palabra u obra, pero se le hace responsable de la que se pudiera derivar de su pronunciamiento público a favor de la independencia de Catalunya. Y ya alcanza niveles asombrosos cuando también se le hace responsable de la violencia (se apostilla legítima) que pudieran ejercer los cuerpos de seguridad del Estado. La doctrina del maltratador: por su comportamiento, la Generalitat era responsable de las consecuencias del 155. Este concepto de violencia hipotético y preventivo, no tiene nada que ver con el que figura en el Código Penal como medio instrumental de un alzamiento público.
A estas alturas se perfilan las estrategias político-judiciales. Lo dice el abogado de Puigdemont: "se está haciendo una causa general contra el independentismo" . De aquí a que vuelva a haber delitos de opinión no hay más que un paso. Y, de encarcelar a la gente por sus ideas (como ya lo están los cuatro que siguen en prisión) a prohibir sus partidos políticos solo hay otro. Para entonces a lo mejor puede hablarse ya de dictadura y del triste papel de comparsa de la izquierda española.
De hecho, el proceso tiene un tufo inquisitorial notorio. Discuten los jueces sobre la sinceridad de las declaraciones de Junqueras. Se consideran con derecho y capacidad para juzgar sus intenciones y lo castigan preventivamente. El código doctrinal que invocan y al que exigen acatamiento sincero, él mismo no lo exige. Pero eso ya importa poco porque los jueces se salen de la constitución al exigir ese acatamiento como condición para la libertad. Pero se sienten tan a gusto porque no administran justicia en nombre de la Constitución sino ya directa e indistintamente de la Nación y el Estado, como reconocen varias veces en su auto. Esta perspectiva nacional (que convierte todo juicio a la independentismo en un acto de juez y parte) y estatal (que confirma la supremacía de la ley del Estado) les parece tan natural como el aire que respiran. Y los aleja de la justicia.
El otro asunto, más práctico y hasta sorpresivo, es el de en qué pueda afectar la prisión continuada de Junqueras a la cuestión de la investidura del presidente. La respuesta es en nada. Las opciones siguen abiertas y la solución que se adopte finalmente en esta controversia de la constitución del Parlament y del govern está aún lejos de configurarse porque dependerá de innumerables negociaciones políticas en España y fuera de España.
